“El objetivo es que el esfuerzo sea compartido entre los usuarios y las empresas”, destacó la diputada Gisela Marziotta, autora de la iniciativa.
En plena pandemia, el kirchnerismo continúa de manera firme con la idea de avanzar sobre la propiedad privada en la Argentina. A la intervención por DNU de Vicentin, las expropiaciones de YPF y las AFJP, ahora se le suma la intención oficial de reducir a la mitad el valor de las cuotas de las empresas de medicina prepagas para alcanzar una “salida solidaria” a la crisis económica generada por el coronavirus.
Este nuevo intento del Gobierno viene de la mano de la diputada nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Gisela Marziotta, quien presentó un proyecto de ley que plantea que el descuento del 50% de su precio total sea de carácter retroactivo al inicio de la cuarentena que comenzó el pasado 20 de marzo.
“Las prepagas actualmente no brindan ninguna prestación médica que no esté relacionada con el COVID-19 o con casos de urgencia, y se dan turnos para consultas que llegada la fecha se cancelan o reprograman, tornando incierto el cumplimiento del objeto de contrato”, señala el proyecto de ley.
Además, prevé que la prepaga no pueda suspender los contratos ante la falta de pago en los casos de que, el usuario, por su condición de monotributista, autónomo o desempleado, no haya percibido ingresos de ningún tipo durante el aislamiento.
“El objetivo es que el esfuerzo sea compartido entre los usuarios y las empresas”, destacó Marziotta, quien agregó que el proyecto “busca llevar alivio a vastos sectores que durante esta crisis han percibido menos ingresos. Adquiere importancia mayor para los residentes de la Ciudad donde, según datos de la Universidad Católica, el 41% tiene como cobertura médica algún plan de medicina prepaga”.
La periodista y diputada nacional también afirmó: “Asumimos la defensa de los derechos de los usuarios y usuarias de los servicios de medicina prepaga entendiendo que el acceso a la salud es un derecho humano que debemos garantizar en todas circunstancias y más aún en medio de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo”.
Cabe recordar que a principios de abril, recién iniciado el aislamiento preventivo social y obligatorio (ASPO), el Gobierno nacional intentó estatizar el sistema de salud y declarar de interés público todos los recursos sanitarios de la Argentina, medida que finalmente se cayó, pero causó gran malestar en los empresarios del sector.
Si esto hubiese prosperado, el Gobierno tendría la potestad para decidir adónde se deriva a cada nuevo infectado por coronavirus en todo el país, más allá de que ese centro de salud pertenezca al sistema de salud público o privado.
Esta iniciativa, que fue vista con buenos ojos en el bloque oficialista, no sólo generará nuevos cruces con los legisladores de la oposición, sino que reaviva la idea “K” del “vamos por todo” y ensancha aún más la famosa “grieta”, que por momentos es olvidada, pero sigue más vigente que nunca.
